Comunicado a la opinión pública 20 de junio de 2017

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DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO Y PERSONA DESPLAZADA

 

 Bogotá D.C. 20 de junio de 2017. En ocasión del Día Mundial del Refugiado y persona Desplazada, el Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia hace eco de las numerosas situaciones de desplazamiento forzado que siguen aconteciendo en nuestro país y llama a poner a las personas en el primer lugar, reconociendo su dignidad y atendiendo sus necesidades en cumplimiento con los derechos humanos y los acuerdos internacionales en materia desplazamiento y refugio.

Colombia está viviendo un difícil proceso de transición hacia una paz duradera y una democracia fortalecida con los acuerdos de paz con las FARC – EP. Se ha evidenciado que a pesar de disminuir considerablemente los índices de violencia, nuevas conflictividades, en su mayoría vinculadas a economías ilícitas, han estado emergiendo en el territorio nacional planteando retos humanitarios muy grandes de cara al posconflicto. Así bien, los profundos cambios sociales y políticos que atraviesan la coyuntura nacional colombiana han estado acompañados de acciones permanentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN); de la reorganización y consolidación de los grupos paramilitares posdesmovilización; del afianzamiento de mega-proyectos de desarrollo y economías extractivas; y de la baja capacidad estatal para responder efectiva e integralmente a las víctimas del conflicto armado lo que ha reconfigurado las causas directas y estructurales de los desplazamientos forzados en el país. Estos hechos exigen renovada atención y acción de parte del gobierno y de la sociedad civil.

Por lo anterior, el SJR Colombia llama la atención sobre los hechos que siguen produciendo desplazamiento forzado interno, particularmente en las regiones donde hacemos presencia: Valle del Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Norte de Santander y en el municipio de Soacha. En el andén Pacífico colombiano se constatan críticas situaciones humanitarias para los pobladores de la zona, especialmente indígenas y afrodescendientes, producto de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales que han dejado miles de víctimas de desplazamiento forzado tras la salida de las FARC – EP hacia las Zonas Veredales de Transición. En el Magdalena Medio los actores ilegales siguen incurriendo en la vinculación de NNA hacia sus redes armadas y de apoyo, sumado a imposiciones normativas violentas para el control comunitario.

Al tiempo, queremos resaltar a las miles de víctimas que han sido expulsadas del país por el conflicto armado y que hoy se encuentran en necesidad de protección internacional en los países fronterizos o en otras latitudes tratando de rehacer sus vidas en medios de hostilidad y pobreza. Ecuador continúa recibiendo colombianos que huyen del país a causa de la violencia armada mientras que en la frontera colombo-panameña existen flujos migratorios irregulares asociados a la trata y tráfico de personas, el narcotráfico y la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales. Cabe anotar, además, que dada la crisis en Venezuela el país poco a poco se ha convertido en un destino de colombianos que retornan y de venezolanos con necesidad de protección internacional, en búsqueda de refugio que han llegado a Colombia especialmente por el departamento de Norte de Santander en condiciones de precariedad. Sin embargo, la poca capacidad estatal y la falta de un marco legal garante de los derechos para los migrantes, ha supuesto escenarios de inseguridad y vulnerabilidad para las personas que arriban a las distintas fronteras.

Ante esta situación el Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia en su misión de Acompañar, Servir y Defender a la población en situación de desplazamiento forzado y refugio, manifiesta su preocupación y hace un llamado al gobierno nacional para que desarrolle acciones tendientes al desmantelamiento de los grupos paramilitares posdemovilización, genere condiciones en los territorios para la garantía de la no repetición de los hechos victimizantes y repare adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado. En particular solicitamos:

  1. Replantear la Ley 1448 del 2011 considerando además de múltiples problemáticas (sub-registro, deficiencia en ayudas humanitarias, baja atención en las zonas más apartadas, indemnización inadecuada, no aplicación de enfoque diferencial, planes de retorno inoportunos, etc.) que los recursos con los que cuenta para la asistencia, la atención y la reparación no son suficientes para responder adecuadamente a la totalidad de víctimas existentes en el país y fuera de éste.
  2. Establecer medidas de protección y prevención para las comunidades que siguen en riesgo de sufrir desplazamiento, amenazas, confinamiento, violencia sexual y reclutamiento forzado por el actuar de grupos armados al margen de la ley o las economías de enclave. Para ello, es imperativo que el gobierno nacional adecue una política criminal para el desmonte del paramilitarismo y grupos armados locales y se avance en la concreción de un Acuerdo de Paz con el ELN.
  3. Fortalecer la institucionalidad pública para que sea capaz de articular acciones orientadas a generar el desarrollo y la paz en los territorios más alejados del país. Esto debe acompañarse de una amplia inversión de recursos de la nación en infraestructura (vías, conectividad), capital de trabajo (tierra, medios y tecnología) comercialización, educación y servicios básicos en los territorios.
  4. Avanzar en soluciones duraderas para (re) construir los proyectos de vida de los pobladores más vulnerables con tranquilidad en sus lugares de vida, en armonía con los territorios y de cara a un desarrollo económico con un rumbo ambientalmente sostenible y socialmente equitativo.
  5. Construir una política amplia para las víctimas en el exterior que contemple la satisfacción de sus derechos a la verdad y a la justicia, y además que contenga un componente fuerte de reparación integral independiente de la voluntad o no de retorno de dichas personas. Además, es imperativo que el Estado haga una actualización de la normatividad aplicable en el marco del reconocimiento del Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y demás normas que garanticen la vida, la integridad y la protección de los migrantes forzados internacionales en nuestro país.

El Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia saluda a todas las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y a las víctimas que se encuentran en el exterior en búsqueda de protección internacional, solicitantes o en situación de refugio. Así mismo reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de paz y reconocemos los avances del proceso de paz en la generación de condiciones adecuadas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.

 

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